Quito, Ecuador – El secretario Anticorrupción, Iván Granda, acudió el miércoles en Quito a la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregar la documentación que permita investigar la licitud de los fondos enviados por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia el expresidente Rafael Correa, a través de la Fundación de Pensamiento Político “Eloy Alfaro”.

Esta entrega de documentos se enmarca en el proceso de investigación que abrió de oficio la fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, ante la denuncia pública que hizo el presidente de la República, Lenin Moreno, en Chile el pasado 22 de marzo.

Granda manifestó que, en 2018, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) transfirió USD 281.000 a dicha fundación para alimentar cuentas personales de ex funcionarios, un «dinero que pudo alimentar a 1.170 familias venezolanas en un año (..). Indigna ver cómo se usan los recursos de la sociedad venezolana que hoy se debate entre la miseria y que vive la crisis humanitaria más grande de su historia”, sentenció.

El funcionario explicó que la documentación presentada a la Fiscalía muestra el estatuto de creación de la Fundación e indica quiénes son sus socios, qué actividades realizan, cómo a través de su página web difunden actividades políticas y la contratación de abogados, como es el caso del abogado italiano Antonio Ingroia. Al respecto, recalcó que Ingroia, en declaraciones de prensa, señaló que la Fundación “Eloy Alfaro” le pagó para defender jurídicamente al expresidente Correa en el caso del secuestro del ciudadano Fernando Balda.

“Este instituto tenía como único fin cuestiones de pensamiento político. No puede ejercer acciones de defensa de un proceso penal”, puntualizó.

Posteriormente, el secretario Anticorrupción llegó hasta la Cancillería para entregar los documentos al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, para que esa cartera de Estado también investigue cómo esa fundación generó actividad política prohibida por la ley.

“La ley ecuatoriana establece que las fundaciones tienen fines determinados; aquí hay un conflicto ético sin precedentes”, recalcó. Agregó que será la Fiscalía la entidad que deberá llamar a los involucrados a rendir versión.

Por su parte, el Canciller José Valencia ratificó que se realizará la investigación de este caso, por lo que «la Cancillería ingresará la petición por los canales oficiales” de conformidad con el marco legal establecido en el Decreto Ejecutivo 193, expedido el 23 de octubre de 2017, y que norma los derechos y obligaciones que tienen las fundaciones y asociaciones en el país, y el Acuerdo ministerial 0075, del 16 de agosto de 2017, que concedió la personería jurídica a esa institución para su funcionamiento.

Valencia recalcó que el proceso que seguirá esa cartera de Estado será a través de una vía administrativa y que las acciones posteriores se determinarán una vez que se haya constatado el accionar de la Fundación Eloy Alfaro.

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