Saltar al contenido principal

Ricaurte califica de “agente de persecución del Estado” a periodista de El Ciudadano

El Ciudadano intentó entrevistar a César Ricaurte, tras recibir el premio a la libertad de expresión que le otorgó la editorial argentina Perfil. El periodista no quiso responder a las preguntas que formulara la comunicadora del medio oficial y la tildó de “agente de persecución del Estado”.

Buenos Aires (Argentina).- Una hora más tarde de lo pactado y en un pequeño auditorio ubicado en el Centro Cultural Borges, la editorial Perfil entregó los premios a la libertad de expresión, correspondiente al año en curso.

Uno a uno fueron llegando los galardonados. En la sala contigua al auditorio, Jorge Alberto Fontevecchia, presidente de la casa editorial recibía a los invitados, mientras una decena de meseros les ofrecía vino, jugos y suntuosos bocadillos.

Los periodistas gráficos que se dieron cita al evento no desaprovecharon la oportunidad para retratar a los asistentes que, mientras tomaban una copa de licor, se quejaban de la “falta de libertad de expresión” que supuestamente se vive en América Latina, aunque más tarde, ellos mismos fueran entrevistados por diversos comunicadores, sin que nadie pusiera objeción alguna.

Una voz ronca llamó a los concurrentes a pasar al auditorio. Con más sillas vacías que llenas arrancó la ceremonia de premiación correspondiente a dos categorías: a la inteligencia de los argentinos y a la libertad de expresión.

En esta última, los galardonados fueron el periodista de Mundo Villa, Adams Ledesma, presuntamente asesinado por sus denuncias relacionadas a las drogas y César Ricaurte, director de Fundamedios.

En su discurso, Ricaurte aprovechó la oportunidad para fustigar al Presidente Rafael Correa y se mostró intolerante frente a los mecanismos que el Ejecutivo utiliza para dar a conocer el cumplimiento de su plan de Gobierno.

El galardonado (quien para Perfil “lucha por garantizar la libertad de expresión” en Ecuador) sostuvo que no está bien que la Secretaría de Comunicación –a la que denominó Secretaría de Propaganda- emita cadenas nacionales con información de interés masivo. Tampoco estuvo de acuerdo con que El Ciudadano diera cobertura al evento en donde él fue premiado.

“Está el permanente estado de propaganda en el que vivimos, con los abusos de la Secretaría de propaganda, que incluso ha mandado cámaras esta noche para seguirme vigilando, violando la Constitución y las garantías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aseguró Ricaurte mientras narraba a los asistentes la “guerra santa” que para él, se vive en Ecuador en contra del periodismo.

Una vez finalizado el evento, El Ciudadano intentó entrevistar al premiado; sin embargo, ese derecho le fue negado.

Para Ricaurte, el medio oficial de Ecuador no realiza coberturas periodísticas sino “vigila” a “perseguidos políticos”.

El director de Fundamedios (que según revelaciones de Wikileaks fue informante de los Estados Unidos) no dudó en tildar a la periodista que cubría la ceremonia como “agente de persecución del Estado”, mientras una mujer que lo acompañaba acusaba al Medio Oficial de poner en peligro a él y a sus hijos.

Cuándo se le pidió que sustentara su acusación de que los periodistas que trabajan en medios oficiales son “agentes del Estado”, no supo contestar. “Tienen el cinismo de preguntarme por qué”, murmuraba Ricaurte mientras se disponía a abandonar el auditorio.

“Yo tengo libertad de dar entrevistas a quien me parezca”, sostuvo quien semanas atrás interpuso una acción judicial en contra de la decisión del Gobierno Nacional de no otorgar entrevistas a medios mercantilistas. Para Fundamedios, dicha medida supondría un atentado contra la libertad de expresión.

Visiblemente molesto por la presencia de El Ciudadano, el galardonado con la presea a la “libertad de expresión” abandonó el auditorio, mientras se quejaba con una colega argentina y nos inculpaba de “prostituir el periodismo”. Al parecer para él, las voces que no pertenecen a los grupos mediáticos privados no son válidas y es más representan una amenaza. Elena Rodríguez/El Ciudadano