Carta al editor del Expreso:

Señor
José Hernández
EDITOR GENERAL
DIARIO EXPRESO

De mi consideración:

En el Diario “Expreso”, edición de 15 de septiembre del 2011, en la primera página, con el título “Rechazo a Proyecto sobre Cultos” y, en la página 13, bajo el encabezado “Ley de Cultos…el debate empieza”, se publicó la noticia de que en las dependencias de la Fundación Expreso se realizó un foro para tratar sobre lo que ustedes denominan el proyecto de “Ley Orgánica de Profesión Religiosa”, con la participación de eclesiásticos de diferentes profesiones religiosas.

La parte medular del texto reseña las conclusiones de los panelistas y asistentes al evento, que evidencian declaraciones que aluden a un afán político premeditado y perverso de atentar contra la libertad de cultos, del que sin mencionarlo en forma abierta, soterradamente es inculpado el Gobierno Nacional, lo que antojadizo y absurdo.

Al respecto, la desinformación en que incurre la noticia me obliga a dirigirme a usted para manifestarle que en diferentes oportunidades hemos señalado que la citada iniciativa, a la que conocen ustedes como proyecto de “Ley Orgánica de Profesión Religiosa”, no es un proyecto gubernamental, ni representa la postura oficial del régimen. Basta recordarle la publicación en diversos medios de comunicación en este sentido efectuada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que alguien en diario Expreso habrá leído.

Aún más, es público y notorio que el autor de dicho documento es el señor Pablo Villagómez, servidor público de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, quien de ninguna manera representa al Gobierno Nacional, menos aún en materia de cultos.

Para el diario Expreso, sus directivos y periodistas no pudo pasar desapercibida la ninguna vinculación entre la propuesta personal de Villagómez y el Gobierno Nacional, salvo por negligencia o por mala fe, más aún si nos hemos distanciado públicamente de esa concepción particular y con la cual además discrepamos en múltiples aspectos.

Por lo expuesto, en atención a que los lectores tenemos el derecho a recibir información exacta, veraz, oportuna y contextualizada, al amparo de lo previsto en los Arts. 18, numeral 1, y 66, numeral 7 de la Constitución de la República, agradeceré se publique esta carta, sin perjuicio de que en el curso del debate anunciado en el citado titular, se subsane la grave omisión en la que han incurrido y se diga con claridad que el Gobierno Nacional nada tiene que ver con el mencionado documento.

Finalmente, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 66 de la Carta Fundamental el Estado ecuatoriano reconoce y garantiza a todas las personas: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos”.

Fernando Alvarado Espinel