Quito, Ecuador – La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que los hechos de violencia sucedidos el día de ayer en la Penitenciaría del Litoral están relacionados, entre otras razones, con el endurecimiento de controles implementados en el sistema de rehabilitación social en el marco de la emergencia y de la aplicación del decreto de estado de excepción con miras a solucionar la crisis del sistema carcelario. Las declaraciones fueron dadas en entrevista a un canal de televisión en la mañana de hoy viernes 31 de mayo.

La ministra indicó que lo que actualmente acontece en los centros de rehabilitación social (CRS) “es una crisis que se ha cocinado durante muchos años” por el hacinamiento “y porque en un tiempo determinado se crearon cuerpos especiales de seguridad aislados”.

Al respecto, Romo dijo que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) por un lado regula a las FF.AA. y por otro a la Policía Nacional, y crea otro grupo de atención de las cárceles: esto es parte de la crisis que se está viviendo en el sistema penitenciario. El hacinamiento es más del 40 % del sistema en general y hay cárceles en donde rebasa el 200 %. Señaló que este cuerpo a cargo del control de la seguridad de las cárceles “tiene grandes dificultades y debe ser apoyado”. El Coescop retiró a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior y en su momento a las distintas instancias que fueron creadas, la responsabilidad del tema penitenciario. Finalmente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores se queda a cargo del cuerpo de seguridad. “Eso significa que en este momento tenemos este cuerpo de guías penitenciarios con unas 1.500 personas que no tiene relación directa ni con la Policía ni con las FF.AA.”, indicó.

El estado de excepción no cambia la realidad de un día para el otro. “Lo que estamos viendo hoy día en las cárceles bien podría estar relacionado con las decisiones que se están tomando. Si bien no es responsabilidad directa del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, esta es una crisis que no es solamente de la secretaría responsable. Esta es una crisis del Estado y, por lo tanto, todos estamos participando y todos estamos asumiendo tareas en el marco de esta emergencia […] parte de resistir el embate de estas organizaciones criminales precisamente se está reflejando en estos nuevos hechos de violencia”, resaltó.

Añadió que la Corte Constitucional declaró el día de ayer constitucional la emergencia, lo que permitirá poner en marcha inmediatamente nuevos mecanismos que estaban a la espera de este pronunciamiento.

Respecto a la participación de la fuerza militar, aclaró que la Policía Nacional -que no está a cargo de la seguridad interna de las cárceles- se encuentra en los perímetros y en algunos filtros, además de las zonas de máxima seguridad. La Policía reforzará su presencia en máxima seguridad y se espera que las FF.AA., al hacerse cargo de los perímetros y el primer filtro, puedan liberar más de 2.000 policías para que fortalezcan el sistema, remarcó.

Romo también señaló que el tema también tiene que ver con autoridades de justicia y con disputas de territorio entre organizaciones criminales, al interior y fuera de las cárceles, “que están sintiendo una actuación cada vez más rigurosa de la Policía”.

Frente a posibles incidentes futuros indicó que, si bien “estos incidentes no se pueden prever, sí se pueden evitar, y es nuestra obligación hacerlo. Y cuando digo ‘nuestra’, me refiero a todo el Estado”. Y en el caso de la Policía Nacional, en el marco de sus competencias se redoblarán los esfuerzos en cada centro penitenciario.

Entregó algunos datos de sus acciones. En lo que va del año, la Policía Nacional ha hecho cerca de 300 requisas dentro de centros penitenciarios, encontrando 1.937 litros de licor, 2.968 accesorios de teléfonos, 341 artefactos electrónicos, 160 municiones y más de 4 mil armas cortopunzantes. El corte de información tiene 15 días de vigencia, por lo que los datos irán en aumento. La institución va a intensificar estas incautaciones, y necesita apoyo en este escenario porque si se siguen encontrando armas, licor y otros objetos prohibidos, significa que estos siguen ingresando a las cárceles.

Remarcó que las personas encargadas de los CRS tienen que asumir su responsabilidad. Cuando la Policía Nacional ha identificado personal suyo que podría estar involucrado en estos actos, los ha detenido y puesto a órdenes de la justicia. Reafirmó que el país debe enfrentar esta crisis y eso involucra a todos.

Indicó que el nuevo director de la penitenciaría tiene una amplia experiencia en cárceles y eso da mayores garantías.

Respecto a la seguridad en Guayaquil, señaló que el gobernador del Guayas visitó a la alcaldesa de Guayaquil esta semana para coordinar acciones, y se tendrán futuras reuniones de trabajo. Indicó que el gobierno anterior, más que colaborar compitió con los municipios. Por lo que el Gobierno Nacional quiere multiplicar esfuerzos y recursos antes que competir. El esfuerzo debe estar concentrado en la prevención, resaltó. Tendremos planes conjuntos de colaboración que responden a una nueva realidad. El tema de seguridad exige corresponsabilidad y compartiremos el trabajo porque compartimos los objetivos.

Finalmente, respecto al financiamiento para el mantenimiento del sistema del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, informó que “no vamos a permitir que su funcionamiento desmaye y que deje de ser útil para la población, porque el Ecu 911 no le sirve a la Policía, le sirve al país”. El directorio ha designado a Juan Zapata y tanto el ministerio de Finanzas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) están sobre el tema para resolver la deuda que existe para cubrir costos de conectividad. El Ecu 911 no va a dejar de trabajar. El Gobierno se va a hacer cargo de lo que se necesite para tener funcionando al país.

Finalmente, respecto al caso del problema reciente con el cobro de las planillas de luz, indicó que se siguen las instrucciones del presidente Lenín Moreno de mantener los costos anteriores a esta alza. Tras separar al gerente general del CNEL, señaló que quienes pagaron valores en exceso, les serán devueltos vía crédito en las próximas planillas o directamente.

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