Quito (Pichincha).- La Ley Orgánica de Comunicación es una exigencia del pueblo ecuatoriano, materializada en la Constitución de Montecristi (transitoria primera) y en el resultado de la Consulta Popular del 7 mayo del 2011.

Los medios de comunicación privados y la oposición política obstaculizaron la aprobación de la norma, durante seis años, con el justificativo de que crea un control explícito de los contenidos mediáticos. Sin embargo, la prensa ha maximizado un tema de regulación y evadió hablar sobre los beneficios que recibirá la industria nacional con la elaboración de la norma.

Durante una entrevista con RTS, el Presidente Rafael Correa sostuvo que la Ley de Comunicación va más allá de los medios de comunicación. Esto pues establece la redistribución del espectro radioeléctrico, y promueve el desarrollo de la producción y la publicidad nacional.

En ese sentido, el Jefe de Estado recordó que la Ley de Radiodifusión y Televisión, que actualmente está vigente en el país, fue aprobada durante la dictadura militar.

Por tal motivo, dijo, el país necesita una norma acorde a los tiempos actuales, que favorezca el establecimiento de medios de comunicación comunitarios y regule los excesos de la prensa mercantilista, respecto a la publicación de notas descontextualizadas o mentiras explícitas.

“Se les movió el piso (a los medios de comunicación). Ahora saben que nadie puede estar por encima de la ley”, sostuvo el Presidente Correa.

El Mandatario informó que las clausuras de radios del país se debe a incumplimientos de normas administrativas y no a una regulación de contenidos o líneas editoriales. Además, hizo énfasis en que la mayoría de las estaciones radiales cerradas eran musicales, es decir, no tenían contenidos periodísticos explícitos, como su fuente primaria de trabajo.

Finalmente, recordó el caso de injuria calumniosa de Emilio Palacio, ex editorialista de El Universo, en relación a los hechos del 30S. Sobre el tema, el Mandatario sostuvo que durante el juicio, que fue llevado a casación en la Corte Nacional de Justicia, se demostró la existencia de más de 150 editoriales injuriosos del articulista en mención, y la responsabilidad coadyuvante de los dueños del matutino guayaquileño. DEO/El Ciudadano