Instituciones del Estado coordinan su accionar para hacer frente a los casos de corrupción

Quito (Pichincha).- Representantes de las entidades de control y justicia mantuvieron una reunión en horas de la mañana con el Presidente Lenín Moreno, con la finalidad de coordinar una agenda de trabajo y hacer un seguimiento efectivo a los casos de corrupción de la lista Odebrecht.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de la Judicatura y presentantes del poder Legislativo, acudieron al llamado del Primer Mandatario. El fin es delinear una hoja de ruta para afianzar la transparencia y la agilidad de los procesos de investigación que se realizan.

La fiscal subrogante, Thania Moreno, aseguró que “cuando la Ley lo permita, la Fiscalía General del Estado dará la información y sus avances. Por el momento hay una prohibición expresa (…) también recalcamos que cada uno tiene su propia competencia y por lo tanto independencia en nuestras funciones”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, informó que se prevé un fuerte apoyo por parte de la Función Judicial para que los fiscales y jueces concluyan con las investigaciones por casos de corrupción.

“El Presidente de la República nos ha convocado para conversar, en primera instancia, sobre los alcances y objetivos del decreto presidencial que crea el Frente de Lucha Contra la Corrupción. El objetivo de este Frente desde ninguna perspectiva busca interferir en la institucionalidad y respeta la independencia de funciones”, sentenció Jalkh.

La coordinación y el trabajo conjunto es el principal instrumento político que será potenciado en esta primera etapa de investigación, control y seguimiento. Para Jalkh y las demás autoridades participantes es necesario profundizar la articulación entre la sociedad civil y las instituciones públicas del Estado.

Finalmente, la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, enfatizó que es necesario difundir los alcances de la Ley que regula el accionar de su institución a cargo, para que se comprenda en el seno de la ciudadanía cuáles son sus competencias y sus funciones.

“No somos investigadores, somos parte procesal. Es por eso que coadyuvamos con Fiscalía y las demás instancias para ser parte del proceso”, puntualizó González. /AD El Ciudadano.