Quito, Ecuador –  La ministra del Interior, María Paula Romo, enfatizó que el Gobierno no permitirá la paralización de ningún servicio público y aplicará las sanciones determinadas en la ley, a quienes interrumpan el desarrollo normal de las actividades los ciudadanos. Su pronunciamiento se dio en el marco de la evaluación que realizó al operativo de seguridad desplegado, por el Gobierno Nacional, para neutralizar el paro anunciado por el gremio de taxistas de Quito, que fue suspendido posteriormente por sus dirigentes.

“Cualquier sector en el país tiene el derecho de hacer sus reclamos, de criticar al Gobierno local o nacional. Pero, cuando para hacerlo interrumpe la circulación o impide el trabajo o desarrollo normal de las actividades de los ciudadanos, esto no se va a permitir”, puntualizó en rueda de prensa concedida este viernes desde las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Quito.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, desplegó un operativo que inició la noche del jueves, y contó con un contingente de 1 700 policías. Las acciones se desarrollaron en coordinación y colaboración con el Municipio del Distrito Metropolitano, que dispuso 500 agentes de tránsito. Mientras que la empresa privada estuvo presta a facilitar grúas que se usarían para retirar vehículos u obstáculos colocados sobre la calzada.

La Ministra Romo recordó que el Gobierno y el Presidente de la República mantienen una política de diálogo, de concertación y acuerdos. Sin embargo, esos acuerdos y ese diálogo “se hacen con base en el respeto a los otros. (…) a los ciudadanos que viven en distintos lugares del país y que no pueden estar en la mitad de ninguno de estos conflictos”.

Esta postura fue expresada por el Primer Mandatario durante su mensaje al país, transmitido el pasado miércoles 28 de noviembre, cuando expuso: “Soy respetuoso de mis mandantes y siempre dialogaré con todos, escuchando diversos criterios, y propuestas diferentes. Pero, democracia y libertad no son derecho al desmán, mucho menos a la violencia y a la paralización de servicios públicos. Por ello, mientras yo sea Presidente los derechos de todos serán preservados”.

En virtud de la disposición presidencial y conforme a lo estipulado en el Código Integral Penal y Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sostuvo la Ministra, las entidades de control actuarán y sancionarán, conforme el cometimiento del delito. Para el efecto, insistió, el Ejecutivo coordinará acciones con todos los municipios del país, pues las competencias del tránsito y transporte, corresponde a los gobiernos seccionales que las han asumido.

“Estamos a semanas de que inicie una campaña electoral. La vida normal de los ciudadanos ecuatorianos no puede estar en el medio de esa campaña, y no podemos permitir que este tipo de protestas o de paralizaciones se conviertan en mecanismos del próximo proceso electoral”, puntualizó.

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