El Secretario de Comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado Espinel, recordó la triste historia que vivió el país cuando los banqueros, que a su vez eran dueños de los medios de comunicación, quebraron la nación sin que existan grandes denuncias al respecto.

Durante el foro denominado: “Libertad de Prensa, Estándares de la Prensa y Democracia en América Latina” que se llevó a cabo en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, agregó que además los banqueros, como los Isaías, cooptaron el poder político y llevaron al país a la quiebra.

Denunció que es muy grave que los grandes responsables de la quiebra y banca rota, disfruten de la impunidad en Estados Unidos sin que exista la posibilidad de que puedan responder por sus delitos. Ahora la Constitución ecuatoriana no permite un maridaje entre medios y banca y tampoco que exista la incautación de bienes o recursos.

La verdad conocida en Ecuador y no vista a nivel internacional sobre el encubrimiento de la prensa nacional en casos que desangraron al país fue reiterada este día por Alvarado Espinel, invitado al evento.

En ese contexto expuso dos ejemplos de noticias de interés público que fueron censuradas por los dueños de los medios. La primera fue cuando los banqueros, dueños de las entidades privadas  en crisis,  censuraban a sus periodistas para que no informen lo que estaba sucediendo.  Otro ejemplo fue cuando dos periódicos que obtuvieron los cables de Wikileaks no divulgaron toda la información que contenían esos documentos y escondieron, por ejemplo, que había reconocidos comunicadores que entregaban información a la Embajada de Estados Unidos.

El funcionario de Gobierno contó algo que los asistentes desconocían sobre cómo en el país estaba vigente una  ley de medios escrita durante  la dictadura militar de la década de los setentas. Ley que “no fue debatida ni difundida y era una normativa ilegitima e inconstitucional” la cual daba facultades a cualquier Régimen para cerrar medios de comunicación y las decisiones las tomaban solo tres funcionarios. Por eso, Alvarado recalcó que  “el Gobierno propuso una ley de comunicación que defienda los derechos de las ciudadanos, la libre circulación de ideas; promueve el desarrollo de la comunicación y permite la participación”.

El Secretario de Comunicación contó que en el Ecuador uno de los medios de prensa que más ha afectado los derechos de los trabajadores  es propiedad del actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla.

“Es una vergüenza que el Presidente de la SIP que representa a los dueños de los medios de comunicación haya explotado a sus periodistas. ¿Cómo un periodista puede desarrollar su trabajo si tiene una persona que lo está explotando y no le da las herramientas y garantías?”, preguntó a la audiencia el funcionario y agregó que el artículo 44 de la nueva Ley de Comunicación protege a las periodistas de “personas como el presidente de la SIP”.

Durante el foro, estuvieron Carlos Lauría, del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York; Catalina Botero, relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros críticos al Gobierno.

Otro aspecto que abordó el Secretario Alvarado fue la Ley de Comunicación. Uno de los puntos más importantes de la nueva ley es la distribución equitativa del espectro radioeléctrico para que medios públicos, privados y comunitarios tengan igualdad de oportunidades. Esta decisión terminó con una triste realidad en el país, que era la repartición de las frecuencias entre las personas con más dinero y poder político.

También se permite la participación directa de la ciudadanía a través de observatorios. Esto impulsará a que los hombres y mujeres se conviertan en actores dentro del proceso de difusión y comunicación.

Asimismo, se respalda a los periodistas para que ninguna persona pueda censurar su trabajo. Un estudio hecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) reveló que la mayoría de periodistas fue censurado por los dueños de los medios y por los anunciantes, ahora con la nueva ley, los propietarios, ningún anunciante ni algún funcionario público podrán impedir la publicación de información.