Ejecutivo entrega Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación
En cumplimiento a la oferta de campaña electoral del 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, presenta a la Asamblea Nacional el Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que implica un punto de quiebre pues antepone la garantía del cumplimiento de los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión, para acabar con 10 años de hostigamiento y persecución.
Estas reformas se dan en un marco global de reinstitucionalidad del país, para rescatar los principios de la Constitución de Montecristi. La propuesta actualiza la LOC acorde a normativa y tratados internacionales, y refleja el fin de la confrontación a medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general.
Este proyecto de ley es producto de la política de Diálogo emprendida por este Gobierno, transparente y abierto a la crítica, con el compromiso de fortalecer la democracia y el trabajo periodístico. De esta manera, se mantiene la defensa absoluta de los derechos humanos, en particular los derechos a la comunicación e información, y la promoción de la participación ciudadana.
El documento plantea cambios estructurales, como la eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control, la desaparición definitiva de la Supercom, con lo que terminará el uso discrecional o político de la Ley.
La propuesta fortalece la institucionalidad con la asignación y ampliación de las funciones del Cordicom y la Defensoría del Pueblo, para mantener derechos fundamentales como: la prohibición de censura previa, rectificación y réplica, regulación de contenido discriminatorio, clasificación de audiencias y franjas horarias, y la difusión de contenidos musicales.
En este sentido, consta la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, así como la reclasificación de los Medios Públicos, en Medios Públicos al Servicio Institucional y Medios Públicos al Servicio de los Ciudadanos. Para estos últimos, se elaborará un reglamento que determine parámetros para su conformación, funcionamiento y financiamiento. También considera la organización de un concurso abierto y transparente de frecuencias para medios privados y comunitarios. Y se plantea una asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas (según lo establezca la autoridad de telecomunicaciones).
Se generará un eficiente fomento a la actividad comunicacional de los medios medianos y pequeños, pues las disposiciones sobre pauta recogidas en la actual ley no han alcanzado los objetivos que supuestamente persiguen.
Es imprescindible la corresponsabilidad de todos los actores de la comunicación y el Estado para proteger los derechos y desterrar las malas prácticas del pasado.