Cádiz (España)  “Esta relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz también implica trabajar juntos para evitar los abusos del capital transnacional contra los países latinoamericanos”, manifestó el Presidente Rafael Correa durante su intervención en la XXII Cumbre de Iberoamérica.

Lo hizo, aclarando que en fechas recientes, Ecuador ha sido víctima de un atropello jurídico por uno de los apéndices del Banco Mundial; el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ante una demanda de la petrolera estadounidense Oxy que –tras violar su contrato- se le aplicó la caducidad del convenio de explotación del recurso ecuatoriano.

Fruto de este proceso, el Ecuador ha sido perjudicado con un laudo al que el Mandatario ha calificado como “vergonzoso” ya que supone una violación al proceso legal ecuatoriano y obliga al pago 1.770 millones de dólares equivalentes al presupuesto anual de salud del Ecuador, más cerca de 500 millones en intereses.

El laudo se dio por la declaratoria de caducidad del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación del Bloque 15, que hiciera el entonces Ministerio de Energía y Minas contra la Oxy, en el año 2006, pues la empresa en mención cedió el 40% de sus derechos a una tercera empresa, sin el consentimiento de las autoridades ecuatorianas.

Citó a la arbitro Brigitte Stren, nombrada por el CIADI en este proceso, y que en su voto salvado califica al pronunciamiento de la mayoría como «grave» y sostiene que no se podía indemnizar con el 100 por ciento a la petrolera, cuando era dueña del 60 por ciento de las acciones. Además, que se ha violado el derecho ecuatoriano.

«Se ha subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras», leyó el Mandatario durante la cita regional, donde además manifestó que pese a que el CIADI ni siquiera tenía competencia para conocer la demanda de la petrolera, el tribunal se declaró competente por si y ante si.

En este sentido, destacó la necesidad de crear un sistema de mediaciones regional “nuestro”, mediante el papel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) e hizo un llamado a los países latinoamericanos a denunciar este tipo de convenios atentatorios contra las garantías procesales básicas y contra la soberanía. /SD El Ciudadano