Viernes, 19 de agosto de 2022

Boletín de Prensa Nº 622

Guayaquil, Guayas. El Gobierno del Encuentro sigue con el proceso de socialización de la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación. En esta ocasión, el escenario fue la ciudad de Guayaquil. Desde ese punto, el secretario General de Comunicación, Leonardo Laso, enfatizó que -en concordancia con el sentido democrático del presidente de la República, Guillermo Lasso- se busca erradicar el autoritarismo que rigió sobre los medios de comunicación y periodistas en periodos pasados, por lo que esta administración quiere construir un veto que surja del trabajo mancomunado. “Esta ley no puede surgir de Carondelet o de los asambleístas, sino de quienes ejercen el periodismo», sostuvo.

En este marco, el secretario Laso explicó que estos espacios sirven para recoger inquietudes, sugerencias y robustecer la Ley Orgánica de Comunicación. “El periodismo ha sido crítico con el Gobierno”, reconoció. Sin embargo, destacó que este aspecto ha sido útil para corregir errores. En tal virtud, Laso se puso a las órdenes de los profesionales de la comunicación a quienes garantizó su apertura para -de manera personal- atender a sus pedidos o solicitudes. “No queremos más leyes mordaza. Aún con los costos que implique tener una prensa dura o crítica. Preferimos eso a poner alguna limitación a la libertad de expresión”, recalcó.

De su lado, Jhossueth Almeida, subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, explicó la metodología que se usó para el proyecto de veto a la Ley. Indicó que al menos 50 artículos “presentan inconsistencias normativas, constitucionales y problemas con los estándares internacionales de derechos humanos que ponen en riesgo la libre expresión”. Sobre estas, dijo, se ha planteado una opción mixta: unos artículos irían a objeción por inconstitucionalidad y otros por objeción parcial.

Sobre los artículos que pasarán a revisión de la Corte Constitucional para su evaluación y «puedan ser blindados» independientemente del Gobierno de turno y bancadas legislativas, recordó que son: eliminación de la palabra opinión dentro del contenido comunicacional, limitación de la censura previa, responsabilidad ulterior de los periodistas, aprobación de los planes de comunicación por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el alcance de los medios de comunitarios en cuanto a sus jurisdicciones y derechos en términos de igualdad con el resto.

En lo referente a los otros artículos, mencionó que, entre ellos, están la objeción al rol de la Defensoría del Pueblo sobre el control de los medios de comunicación; y, por otro lado, analizar la proporcionalidad del esquema sancionatorio a los medios de comunicación instaurado de por la Asamblea Nacional el cual podría conllevar a “adoctrinamientos”.

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia