En respuesta a la carta que me dirigió el señor Matthew Carpenter-Arévalo, publicado en el portal Gkillcity.com, el pasado 15 de septiembre del año en curso, titulado “¿Cómo se puede mejorar el clima mediático en Ecuador?”, me permito dirigirle la presente respuesta, con varias aclaraciones sobre el tema propuesto.

En primer lugar, reconozco su interés por contribuir al debate de la comunicación en el Ecuador. Mis labores diarias no me han permitido responderle con mayor prontitud, sin embargo, también debo admitir que algunas de las interrogantes que me formula en su artículo, lamentablemente, no tienen ni pies ni cabeza y mi ‘limitada inteligencia’ no me ha permitido responderlas. Ante este cuestionario capcioso, espero que alguien cuente con la sabiduría suficiente para darle la contestación adecuada

Para iniciar, es pertinente desmentir las falsedades que se mencionan en su artículo. El hecho de que usted parta de premisas infantiles que, además, distan de la verdad, afecta su perspectiva sobre la verdadera situación de la libertad de expresión en el país, garantizada en la Constitución y otras normativas vigentes y cuyo cumplimiento es promovido por el Gobierno Nacional. Además, dichos antecedentes no tienen nada que ver con su interrogante sobre el clima mediático en el Ecuador. Le ruego informarse mejor antes de referirse sobre este y otros temas.

Usted hace referencia, por ejemplo, a la “controversia” sobre la cadena La ciudadanía le habla a los medios. Al respecto, cabe aclarar que la polémica generada responde a que los medios de comunicación nunca consultan a la ciudadanía sobre qué opinan del trabajo que estos desempeñan. Este es un elemento censurado a priori por la prensa mercantilista. Esta constantemente inquiere a la audiencia, su opinión sobre el Presidente de la República, las leyes aprobadas y otros temas coyunturales. Sin embargo, la labor de los medios, su credibilidad y otros aspectos que los atañen nunca son puestos a consideración de los ciudadanos.

La inédita campaña mencionada ha permitido a los ecuatorianos expresar su sentir al respecto y su inconformidad cuando se han visto aludidos negativamente por la prensa. Nunca hubo intención de hacer daño a nadie. No obstante, expresé mis disculpas al periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, ya que dijo haberse sentido afectado por uno de los comentarios expresados por un ciudadano en esta campaña. Pero, ¿Ecuavisa le pidió disculpas al ciudadano David Salas, por haberle negado su derecho a la libertad de expresión y haberlo estigmatizado por su comentario?

Por otro lado, usted resalta el debate que provocó mi entrevista con CNN, sin embargo, no comprendo la relación entre esto y el clima mediático en nuestra nación. Ni tampoco comprendo la relación entre este tema y el que una persona que trabaja en cualquier empresa, como Ximah Digital, a la que usted alude, maneje independientemente una cuenta, en una red social, que critique a políticos opositores, al igual que lo hacen cientos de personas, que manejan cuentas que atacan al Gobierno Nacional. Esto sucede en la mayoría de países del mundo. Le pregunto, entonces, ¿esto qué tiene nada que ver con el clima mediático en el Ecuador?

Pese a que los acontecimientos señalados no tienen nada que ver con su interrogante, aclaro que el Gobierno Nacional ha impulsado políticas y normativas que garantizan una verdadera libertad de expresión a estas y a las futuras generaciones de ecuatorianas y ecuatorianos y una real democratización de los medios de comunicación. Le recuerdo que tanto la Constitución, como la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y otras normativas vigentes han sido propiciadas por la ciudadanía mediante consultas populares, dado que la mayoría de los ciudadanos ha considerado necesario establecer deberes y obligaciones al ejercicio periodístico, muchas veces irresponsable, que practicaban –y aún practican– ciertos medios de comunicación.

En Latinoamérica, los grupos oligárquicos, como El Comercio de Perú –al que usted hace referencia– controlan la mayor cantidad de medios de comunicación para influir en la formulación de políticas que favorezcan a sus intereses. Por consiguiente, una Ley de Comunicación o cualquier legislación en este sentido, son y serán vistas como una clara amenaza a estas prácticas, por lo cual estos grupos refutarán cualquier intento que busque evitar que manipulen la opinión pública para favorecer sus agendas políticas en nombre de la libertad de expresión, una noción que han envilecido para su único beneficio.

A pesar de estos reclamos interesados y poco objetivos, la libertad de expresión está garantizada en el Ecuador. Los medios grandes, medianos y pequeños tienen una importante participación en la opinión pública y su derecho a informar como negocio no se ha visto limitado. Le pregunto, ¿acaso se han dejado de vender periódicos en el país?

Además, el Gobierno de la Revolución Ciudadana es el que más ha democratizado la participación de la libertad de expresión a través de las redes sociales. De hecho, cada vez más personas pueden acceder al servicio de internet y, por ende, a información, gracias a la inversión realizada por el Gobierno en la instalación de Infocentros (hasta mayo del 2014, se han entregado aproximadamente 490 Infocentros Comunitarios con una cobertura de 78% del total de cantones rurales del país) y en haber incrementado el acceso a internet (en el 2006, el número de usuarios de Internet Banda Ancha creció de 823.483 a 4´859.996 en el 2013).

Con respecto a su interrogante sobre cómo evitar las concentraciones mediáticas de los grupos de poder, es importante recalcar que la LOC establece la distribución equitativa de las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta (33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios). El Gobierno Nacional trabaja para que esta aspiración se concrete cuanto antes y así lograr el objetivo de diversificar y pluralizar las voces de la opinión pública en el Ecuador, que usted también anhela.

Con respecto a las críticas realizadas por Human Rights Watch, le recuerdo que esta organización es la fuente de múltiples medios de comunicación en el mundo que difunden sus informes -comunicados sesgados- sin contrastar fuentes, sin detenerse en el debido análisis o la necesaria reflexión para reproducir periodísticamente una información. Por tanto, la organización no es considerada un actor objetivo de la sociedad civil internacional, como usted afirma, dado que sus agendas particulares no permiten visibilizar los avances en materia de comunicación en el Ecuador, detallados anteriormente.

En cuanto a su afirmación sobre “las distintas medidas tomadas por el Gobierno hasta ahora para mejorar el clima mediático”, le manifiesto que es injustificada su preocupación por los artículos 307 y 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cabe aclarar que el delito de pánico económico, al que usted hace mención, busca evitar que terceros resulten beneficiados del incremento de precios de bienes o servicios a raíz de la publicación de información imprecisa. El pánico financiero, así también, es un asunto serio que puede tener graves consecuencias para la economía de una nación y la vida de las personas. Incluso, puede provocar muertes (infartos, suicidios) producto de la incertidumbre y desesperación de personas que ven en riesgo a sus ahorros depositados en el sistema bancario. Eso ocurrió en Ecuador a principios de los años 90 y cobró algunas vidas.

Varios países del mundo también conocen esos efectos impensables que pueden desprenderse al emitirse opiniones o información –sin la debida verificación–, sobre temas económicos y financieros, como acostumbran ciertos medios de comunicación, que dicen practicar un periodismo serio y responsable, pero que se guían por criterios sensacionalistas y por los intereses de las grandes empresas que los dirigen. Tener libertad de expresión no significa poseer la libertad de difundir mentiras que puedan ocasionar graves consecuencias para la economía de una nación y la vida de las personas, como habría pretendido generar el artículo de Rómulo López Sabando, en nuestro país, el año 2009. Por consiguiente, el tema no puede ser tratado con la ligereza que sugiere.

Sobre el linchamiento mediático, le sugiero informarse mejor antes de emitir un criterio al respecto. Esta figura no amenaza a la libertad de prensa ni de opinión, como usted sostiene. Su función es precautelar el derecho a la dignidad de todo ciudadano e impedir abusos e intimidación por parte de los medios de comunicación. Un medio no puede servir para que intereses ilegítimos manipulen información que perjudique a terceros. A diferencia de lo que usted expone, la aplicación de este artículo no es subjetiva ni ambigua. El núcleo del linchamiento mediático es demostrar con evidencias el pacto para causar daño a través de noticias reiteradas que exponen informaciones falsas o exageradas. Cuando alguno de estos elementos falta o no puede ser comprobado, no hay linchamiento mediático. Le recomiendo leer nuevamente los artículo 10 y 26 de la LOC para comprender mejor el sentido de esta figura legal.

Con respecto a los “castigos”, que usted menciona, con el fin de demandar un ejercicio de mayor calidad de parte de los medios de comunicación, le pregunto, ¿acaso es una sanción instar a la profesionalización de las personas que se dedican a la comunicación y además dotarles todas las herramientas para lograr este objetivo? Según datos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), hasta el 8 de marzo, 1.149 medios de comunicación se inscribieron en el Sistema de Registro Único de Medios. Los primeros datos del censo indicaron que en el país existiría un aproximado de 17 mil trabajadores vinculados a la comunicación, de los cuales cerca del 50% no tiene título profesional. Considerando esta realidad, se establecieron los mecanismos que permitan que estas personas se profesionalicen. Desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) con la titulación de periodistas y comunicadores, y desde el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) con la certificación de competencia a través de las carreras técnicas y tecnológicas.

Motivar a la profesionalización de los comunicadores del país no solo permitirá mejorar la calidad de los contenidos, sino también sus condiciones laborales y profesionales. En este sentido, la LOC apuntala y resguarda los derechos de los trabajadores de la comunicación a fin de que no vuelvan a darse casos de precarización laboral. Gracias a esta normativa, los empresarios de la comunicación tienen que pagar a sus trabajadores lo que dispone la tabla salarial, afiliarles a la seguridad social, reconocerles los pagos por horas extra de trabajo y vacaciones. Asimismo, deben garantizar su participación en las utilidades de la empresa y no deben exponerlos a coberturas de riesgo sin protecciones suficientes, entre otras normas. Esto era algo impensable bajo los gobiernos neoliberales.

En este punto, cabe aclarar que el Gobierno nunca ha pretendido controlar la información ni los medios de comunicación. Ni lo hará. como se sugiere en su artículo. Son las leyes y las instituciones creadas para este efecto las que regulan el ejercicio periodístico. La LOC, en este caso, ha promovido un periodismo responsable, protegiendo el ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos constitucionalmente. De ningún modo, ha coartado la obligación de investigar y exigir la rendición de cuentas de los gobiernos. De hecho, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido el primero en rendir cuentas a sus mandantes en territorio a través del Enlace Ciudadano, que se realiza los días sábados. Es además, el pionero en dialogar con los medios de comunicación grandes, medianos, pequeños y locales, por medio de los conversatorios con el Presidente de la República.

Por otro lado, le recuerdo que desmentir las falsedades de la prensa no es cinismo. Me ratifico que en el Ecuador, existe prensa corrupta, mercantilista y carroñera. Ciertos medios de comunicación son tan corruptos que diariamente hablan de moral y buenas costumbres, pese a que incluso, robaban el agua para sus imprentas. Puedo dar ejemplos al respecto y de cómo esta prensa se ha aprovechado de su poder mediático para favorecerse de negocios con el Estado. De hecho, en los aproximadamente 390 enlaces ciudadanos presentados se han desmentido alrededor de tres a cuatro mentiras cada sábado. Le dejo a usted que realice el cálculo respectivo para que me dé la razón al respecto.

En cuanto a sus propuestas, las considero muy oportunas tomando en cuenta las nuevas tendencias en el campo periodístico, gracias al aparecimiento de los medios alternativos, el rol protagónico que están jugando las redes sociales, el incremento del acceso a internet registrado en el Ecuador y la inversión en educación que ha realizado el Gobierno Nacional.

En este sentido, como usted afirma, “las redes sociales también están abiertas a la manipulación” y se han convertido en espacios que permiten difundir información falsa y tergiversada, así como ataques y calumnias desde el anonimato. El Gobierno Nacional rechaza este tipo de acciones infames y cobardes que no contribuyen a un ejercicio responsable de la libertad de expresión de la que todos gozamos. Ante estas circunstancias, la actual administración se ha caracterizado por la gran inversión que ha destinado a rubros como la educación básica, bachillerato y superior (el Ministerio de Educación recibe anualmente el 12% del presupuesto nacional, lo que representa cerca de 13 mil millones de dólares). Esta es la mejor forma de dotarle de herramientas a la población para que sea menos susceptible a la manipulación de la que usted habla.

En efecto, una sociedad que ha podido completar la instrucción formal está en capacidad de desarrollar un sentido crítico que le permita asumir una actitud reflexiva frente a la información que transmiten los medios de comunicación y así participar más activamente en el debate público a través de los medios alternativos. Esta es una de las aspiraciones del Gobierno de la Revolución Ciudadana y por las cuales trabaja incansablemente. Gracias a este esfuerzo, las audiencias pasivas han reaccionado, por lo cual, cada vez más ciudadanos se amparan en la Ley de Comunicación para presentar sus denuncias ya que sienten que sus derechos han sido vulnerados y pisoteados por la prensa mercantilista que solo busca réditos económicos a partir de su labor.

Para finalizar, a propósito del tema, es importante retomar las palabras de Ignacio Ramonet, en su libro La explosión del periodismo, que espero usted comparta: “La cómoda situación de los medios y de los periodistas, que detentan el monopolio de la información en la sociedad, toca a su fin. Una parte de los periodistas profesionales se consideraban a sí mismos como una élite con poder exclusivo para imponer el control de de los debates. Pecaban de orgullo creyendo que tendrían para siempre a sus pies un lectorado pasivo y cautivo. La época en lo que solo ellos podían escoger y publicar información ha concluido. La red les está despojando de su estatus de “curas seculares””.

Atentamente,

Fernando Alvarado Espinel
Secretario Nacional de Comunicación