Viernes, 17 de diciembre de 2021

Boletín Oficial 361

Guayaquil, Guayas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, bajo el Decreto Ejecutivo N° 294, dispuso este 16 de diciembre de 2021 la conformación de la “Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación”. Con ello, se pretende contribuir al desarrollo y aplicación de estrategias -enfocadas en derechos humanos- para erradicar las muertes violentas y los altos niveles de violencia detectados en los centros de privación de libertad en todo el país.

La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación gozará de plena autonomía para establecer su propia hoja de ruta y metodología de trabajo, acatando únicamente lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana y la ley respectiva. También se encargará de coordinar con las instituciones públicas competentes. Y sus integrantes deberán emplear mecanismos de identificación para ingresar a las personas privadas de libertad (PPL) como gestores de paz en las cárceles; además de sugerir a cualquier entidad estatal acciones para alcanzar la pacificación y la entrega voluntaria de armas.

Asimismo, la comisión tendrá un plazo de vigencia de seis meses a partir de la fecha de su primera sesión y estará conformada por un equipo multidisciplinario de nueve expertos nacionales e internacionales como: Luis Barrios; Nelsa Curbelo; Miriam Delgado; Claudia Milena Garzón; Mónica Ingarévalo Jaramillo; Prudencio Francisco Loor; Jorge Alfredo Narváez Matamoros; Ricardo Morales y Christian Andrés Nieto quienes provienen de la sociedad civil, iglesias, la academia y el sector público.

El Jefe de Estado agradeció a los miembros de la comisión por su aporte profesional y humano. Agregó que los lamentables hechos ocurridos al interior de las cárceles en los últimos meses, no solo dejaron dolor y muerte, sino también un sentimiento de inseguridad general. Por eso, “uno de los desafíos del Ecuador en los próximos años será lograr la pacificación y la rehabilitación social de quienes están detenidos”.

Este organismo empezará a trabajar de manera inmediata. El Mandatario enfatizó: “no podemos perder más tiempo ante la crisis carcelaria, por lo que la comisión analizará las causas y efectos de la actual situación penitenciaria para establecer un pacto de conveniencia interna con dignidad, humanidad y corresponsabilidad”. Asimismo, señaló que no se puede permitir que sigan en riesgo las PPL por hechos de extrema violencia en las cárceles, situación que es consecuencia de décadas de indolencia por parte del Estado. Por ello, el Gobierno Nacional actúa con prontitud, decisión, responsabilidad social y humana.

“Estamos resueltos a terminar con la violencia en los centros de reclusión y en todo lugar del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance con el fin de resolver este problema”, dijo el Mandatario. Y agregó que dentro de estas acciones se contempla el diseño de una política integral que beneficiará a cerca de 37.000 PPL y sus familias; en las últimas semanas se destinó USD 75 millones para mejorar la infraestructura y fortalecer las capacidades institucionales del SNAI; se conformó un gabinete multidisciplinario que trabaja a diario para analizar el tema de seguridad; y hoy se presentan los primeros resultados, como la firma del decreto que conforma la comisión.

Al finalizar su intervención, el presidente Lasso afirmó que las personas privadas de la libertad tienen derecho a una segunda oportunidad y deben cumplir sus penas con absoluto respeto a los derechos humanos. No obstante, se trabaja por poner fin a las mafias que dominan las cárceles, al propiciar la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social: “para aquellos PPL que están inmersos en mafias, que portan armas y provocan zozobra serán castigados con todo el peso de la ley; y aquellos que quieran colaborar y que estén dispuestos a ser mejores seres humanos para insertarse en la sociedad se les dará una nueva oportunidad con todos sus derechos y con estricto apego a los estándares internacionales”.

Otra de las competencias de la comisión es el análisis de los aspectos sociológicos, criminológicos y victimológicos de la situación de violencia en la que se encuentran los centros penitenciarios. Dentro del Decreto Ejecutivo, el presidente Lasso también dispone que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) garantizará a los miembros de la comisión el acceso a los centros de privación de libertad que soliciten.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, agregó: “estamos convencidos de que la suma de capacidades que tienen los miembros que conforman la comisión lograrán aunar los esfuerzos para enfrentar la crisis estructural del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con medidas de carácter emergente, de mediano y largo alcance, y desde nuevas perspectivas participativas”. De igual manera, la situación actual del sistema penitenciario requiere de una resignificación real de lo que es posible hacer: un sistema penitenciario humano, real, transformador e inclusivo, puntualizó Vela.

Para Nelsa Curbelo, integrante de la comisión, todos los miembros del organismo están dispuestos a dar lo mejor de sus capacidades para lograr “una tregua al interior de las cárceles que repercute en las calles, en la sociedad y en el país”. Asimismo, dijo que la intención será construir una realidad diferente para las personas privadas de la libertad. “La paz es un proceso que se construye juntos; no hay paz sin justicia (…). Queremos restaurar y curar el tejido social”, finalizó.

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