Señor
Galo Martínez Merchán
Director
Gráficos Nacionales S.A.
Diario Expreso

De mi consideración:

En respuesta al artículo de opinión titulado “Burocracia reprobada”, publicado en su medio de comunicación, el pasado 20 de octubre del año en curso, me permito realizar las siguientes aclaraciones.

Pese a que el Presidente Rafael Correa, desmintió a través de su cuenta de Twitter y del Enlace Ciudadano No. 395, la información tergiversada sobre la burocracia ecuatoriana, publicada en Diario Expreso, el pasado 12 de octubre, a través de la nota titulada “Burocracia: alto gasto, pero con baja calidad”, es necesario reiterar que el Estado central ecuatoriano está entre los más eficientes de la región.

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se basan ambas publicaciones, presenta los resultados de dos mediciones del Ecuador, en el año 2004 (que sirvió como línea base) y en el 2011 (que sirvió para verificar avances). Incluso en dicho informe se reconoce que “entre 2011 y mediados de 2014, es decir, con posterioridad al diagnóstico, Ecuador implementó importantes reformas que no están reflejadas en esta puntuación”.

Incluso, el BID señaló en una carta enviada a Diario Expreso que la nota publicada el pasado 12 de octubre, contiene varias omisiones e imprecisiones que se deben aclarar. No obstante, estas continúan. Por si no lo han leído, el estudio claramente señala:

“Ecuador avanzó seis puntos hasta comienzos de 2011 (de 15 a 21). Partió de una gran debilidad en el mérito, amplias inequidades salariales, conflictos internos y varias arbitrariedades. Desde 2008, el sistema se asentó sobre nuevas bases normativas (la nueva Constitución Nacional en 2008, el Plan Nacional del Buen vivir en 2009 y la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, en 2010). Desde entonces, el nuevo Viceministerio del Servicio Público (creado en 2009 y dependiente del Ministerio de Relaciones Internacionales) se abocó a reglamentar la nueva Ley y a implementar gradualmente las prioridades del servicio público: los concursos de méritos y oposición; el ordenamiento salarial y la rectoría del sistema”.

El “agresivo gasto público” como se señala en el artículo, es el monto que también se destina al pago de policías, maestros, médicos, entre otros funcionarios que brindan un servicio a la ciudadanía y cuyo trabajo es necesario para garantizar el acceso de los ecuatorianos a educación, salud, seguridad, etc. ¿Se debe, entonces, despojar a la ciudadanía de estos derechos para tener un gasto público acorde a los intereses de unos pocos que tienen acceso a servicios privados de educación, salud, entre otros?

Asimismo, en el referido artículo de opinión se omite de forma deliberada que el informe del BID destaca, además, el avance de la región en la profesionalización del servicio civil. En el caso ecuatoriano, en el capítulo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), se garantiza una designación y selección transparente de servidores públicos. El artículo 65, de la mencionada ley, obliga a la realización de un concurso de merecimientos y oposición, para evaluar la idoneidad de los interesados al cargo. Bajo este precepto, todos los funcionarios públicos, compiten por puestos bajo parámetros de meritocracia, evitando la politización del servicio público y priorizando la profesionalización.

En virtud del derecho a la réplica contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación, solicito la publicación de la presente misiva en su medio de comunicación.

Atentamente,

Dr. Fernando Alvarado Espinel
Secretario Nacional de Comunicación