Secom responde ante una nueva mentira del Municipio de Guayaquil
Guayaquil (Guayas).- El Municipio de Guayaquil una vez más ha mentido a los ecuatorianos, al publicar imágenes montadas e información tergiversada sobre los operativos de desalojo en Monte Sinaí, al norte del Puerto Principal.
El montaje de imágenes de otra época no tiene que ver con los operativos realizados en Monte Sinaí, por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.
Ni Viviana Bonilla, ex Gobernadora del Guayas, ni Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares participaron en operativos de represión en contra de los ciudadanos de Monte Sinaí, como se intenta mostrar en el montaje del cabildo guayaquileño.
El trabajo de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares ha sido propiciar el orden territorial en lugares de extrema pobreza y combatir el tráfico de tierras. Así, el Gobierno Nacional se ha preocupado de un sector que ha sido olvidado por gobiernos anteriores y por la administración municipal socialcristiana.
La Secretaría no reprime con violencia, se dedica al proceso de regularización y legalización de más de 16 mil familias que habitan en Monte Sinaí. Con el objeto de mejorar su calidad de vida ha entregado certificados de posesión geográfica para la reubicación dentro de un plan de contingencia.
El general Guillermo Balarezo, Jefe de Comando de la Zona de Policía Nº8 de Guayaquil, reiteró que la Policía Nacional en ningún momento agredió durante los desalojos efectuados en el sector de Monte Sinaí, contrario a lo que mostró un video difundido en varios medios de comunicación.
“Fueron los miembros de la Policía quienes resultaron afectados por individuos manipulados por presuntos traficantes de tierra”, dijo la autoridad policial.
Los desalojos realizados por el Gobierno se hicieron bajo el debido proceso, pues se trataba de asentamientos en riesgo y que se ubicaban en terrenos que le pertenecen al Estado.
Xavier Burbano, ex Intendente de Policía, dijo que, en promedio, se otorgó a los habitantes irregulares de Monte Sinaí, un plazo de entre 30 y 40 días para retirar sus muebles y enseres, esa política hizo que se mitigaran los operativos de desalojo.
La política del Gobierno nacional ha sido de cero tolerancia al tráfico de tierras para combatir así la pobreza, con un trabajo ordenado y sistematizado, en busca del Buen Vivir. DEO/El Ciudadano