BOLETÍN 143

29 de septiembre de 2025

Tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, el consumo en la provincia de Imbabura, una de las zonas con mayor presencia de minería ilegal y donde se concentran las protestas que exigen el regreso del subsidio, cayó en -25,1 %.

Al comparar semanas antes y después de la medida en esta provincia, los despachos pasaron de 1.347.442 a 1.092.749 galones. En promedio diario, la disminución fue de 112.287 a 84.058 galones.

Además, las cifras oficiales verifican que el consumo en Imbabura superaba los cupos autorizados. Las estaciones de servicio ubicadas en corredores estratégicos como la Panamericana Norte, la E-35 y la E-10, tenían permitido entregar hasta 1,74 millones de galones por estación; sin embargo, el consumo real alcanzó 1,91 millones.

En esta zona, el sector productivo —que requiere del diésel para mantener sus operaciones en transporte, agricultura e industria — no se ha detenido y continúa con su consumo regular.  Es así que se evidencia un desvío sistemático de diésel hacia redes clandestinas, que ahora han perdido rentabilidad en el Ecuador, pues el precio del combustible se aproxima al de Colombia. Asimismo, explica la intensidad de las manifestaciones en zonas históricamente vinculadas al contrabando y minería ilegal.

Por ejemplo, en localidades como Buenos Aires, Alto Tambo, Chical, El Cielito o El Pablo, donde la ciudadanía reconoce la presencia de grupos delictivos dedicados a la extracción ilegal de recursos, el diésel subsidiado era el insumo clave para operar maquinaria pesada, bombas de agua y generadores eléctricos.

La reducción del consumo demuestra que estas operaciones han perdido una de sus principales fuentes de abastecimiento, limitando de manera directa su capacidad de acción.

A partir de esta evidencia, el Gobierno Nacional subraya que la decisión del presidente Noboa representa un quiebre en la relación entre subsidios y actividades ilícitas. Durante décadas, el Estado financió de manera indirecta estructuras que se beneficiaban de recursos públicos para sostener operaciones de contrabando, minería ilegal y narcotráfico. Hoy, se pone fin a esa distorsión económica y se garantiza que los fondos se orienten a programas sociales y productivos que benefician a los ecuatorianos de forma legítima.