BOLETÍN 139

26 de septiembre de 2025

El 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa Azin dispuso la puesta en marcha del Programa de Redistribución de Recursos, con el objetivo de que los fondos públicos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan. Con esta medida, USD 1.100 millones que antes se destinaban al subsidio del diésel —y que durante años beneficiaron a mafias y actividades ilícitas— se redirigen a incentivos sociales y productivos de forma inmediata y transparente.

El propósito es fortalecer al sector del transporte, aliviar la economía de las familias dedicadas al agro y apoyar a los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad mediante la devolución del IVA.

A la fecha los apoyos se distribuyeron de la siguiente manera:

Bono Raíces

A escala nacional se han entregado 81.630 Bonos Raíces. Este incentivo, destinado a pequeños productores agrícolas, consiste en un desembolso de USD 1.000 por beneficiario. La meta es alcanzar a 100.000 productores en todo el país. Para esto ya se ha invertido un total de USD 81,63 millones.

Incentivo para transportistas

Hasta el momento, el Gobierno ha destinado USD 10,5 millones al transporte distribuidos en tres segmentos: USD 5,26 millones para el transporte interprovincial con 5.248 beneficiarios; USD 1,75 millones para el intraprovincial con 2.905 beneficiarios; y USD 3,49 millones para el intracantonal con 5.714 beneficiarios. El presidente Noboa fue claro en su disposición, no existirá subida de pasajes. De esta manera, este apoyo corresponde a un incentivo directo para cubrir los costos operativos de sus unidades.

A ello se suma el programa Nuevo Transporte, que impulsa la renovación de los vehículos con un bono de hasta USD 23.000 por chatarrización voluntaria y créditos de BanEcuador al 9 %, disponibles para taxis, buses, camionetas, camiones y furgonetas.

Devolución del IVA

A través del Servicio de Rentas Internas se devolvieron USD 130 millones a más de 500.000 adultos mayores y personas con discapacidad, aliviando directamente la economía de sus hogares. Asimismo, se acreditó USD 36 millones a 1.400 constructores, recursos que se traducen en nuevas obras y en la creación de empleos para miles de familias.

La eliminación del subsidio al diésel no fue una decisión sencilla, pero sí responsable, porque puso fin a un esquema que durante años benefició al crimen organizado. Hoy esos recursos se redistribuyen sin intermediarios a quienes más lo necesitan, quienes sabrán administrarlos mejor que nadie de acuerdo con sus necesidades y urgencias.