Quito, Pichincha – Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y Xavier Solórzano, viceministro de Salud, solicitaron a la ciudadanía cumplir con las debidas precauciones y medidas dispuestas durante la fase de distanciamiento social, que iniciará el 4 de mayo. Recalcaron que la emergencia sanitaria y que las restricciones de movilidad continuarán vigentes.

Al respecto, el viceministro Solórzano recordó que el plan de reapertura es gradual y no se aplicará para todos los sectores productivos. Reiteró que en la siguiente fase no se restablecerán los mismos patrones de comportamiento que se tenían antes de la llegada del COVID-19 al país. “Las medidas de restricción siguen en pie. Este es un proceso, es una pandemia que nos tomará años controlarla, no es cuestión de un par de semanas. ¡Seamos conscientes, no podemos bajar la guardia!”, acotó.

Además, informó que durante este fin de semana se ha trabajado en la automatización y consolidación de los registros de COVID-19 a escala nacional en un nuevo software. Esto permitirá ingresar los datos de forma más ágil y eficiente para visualizar la información en tiempo real. Este nuevo sistema contribuirá, además, a la toma de decisiones, por parte de las autoridades.  

Por su parte, el director general del ECU-911 brindó un reporte sobre la gestión sanitaria durante la emergencia. Indicó que, desde el 12 de marzo hasta el 25 de abril, se recibieron 1’636.000 llamadas. Sin embargo, señaló que, en este periodo, hay un decrecimiento del 48% a escala nacional. En Guayas, considerado el epicentro del virus, existe una reducción del 72%; en Santa Elena, del 35%; en Pichincha, hay una baja mínima; mientras que, en Manabí, hay un leve incremento. Asimismo, explicó que las llamadas para solicitar levantamiento de cadáveres se redujeron en un 81% y para recibir atención por casos de COVID-19, en un 31%.

De igual manera, hay un mal uso de la línea 9-1-1. Del total de llamadas recibidas, un 47% no corresponde a situaciones de emergencia. Es decir, 368.000, que constituyen un gasto para el Estado por cerca de USD 1,5 millones. Por consiguiente, se coordina con el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) para aplicar sanciones a quienes utilicen inadecuadamente este servicio.

Adicionalmente, Zapata informó que reciben reportes sobre aglomeraciones en varias ciudades del país, especialmente, en Quito, Guayaquil, Ambato y Babahoyo. También señaló que se ejecuta un protocolo interinstitucional para atender casos de violencia de género (243 llamadas diarias aproximadamente). Para este propósito, se capacitó a los evaluadores en primeros auxilios psicológicos, comunicación asertiva y derechos humanos para que brinden atención adecuada a las víctimas.  

#JuntosEcuador

#ActivadosPorLaSalud

#Covid19                                               

Para mayor información comunicarse con 

Dirección de Relaciones Públicas-Secretaría General de Comunicación